Opinião

La Posición del Tribunal Constitucional Español sobre el Ámbito Competencial Relativo al Patrimonio Histórico y Cultural en España tras la Sentencia 122/2014, de 17 De Julio

1. Introducción

La cuestión jurídica relativa al ámbito competencial sobre el patrimonio histórico y cultural en España, ha vuelto a ser objeto de análisis por parte del máximo intérprete de la Constitución Española. Cuando todo parecía estar resuelto por la Sentencia 17/1991, de 31 de enero, surgió de nuevo la controversia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Conviene explicar brevemente la situación jurídica en España para entender lo que se va a desarrollar posteriormente. En España, tanto el propio Estado como las Comunidades Autónomas tienen una serie de competencias que le son atribuidas por la Constitución Española. Por un lado, la Constitución fija un listado de competencias exclusivas del Estado en su artículo 149 y por otro, el artículo 148 hace referencia a las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas en cuanto a cuestiones que afectan al patrimonio histórico y cultural. No obstante, en este caso en concreto hay que destacar que se trata de una competencia concurrente entre Estado y Comunidades Autónomas y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional.

Esta cuestión fue objeto de análisis por parte de la doctrina y ya en 1987 el catedrático de Derecho Administrativo BASSOLS COMA ponía de manifiesto que el reparto competencial sobre el patrimonio histórico-artístico no era una novedad para Constitución de 1978: “La asunción de competencias en materia de patrimonio histórico-artístico por parte de instancias regionales había tenido ya importantes antecedentes en el régimen republicano y en particular a cargo de la Generalidad de Cataluña, primero mediante el Decreto de 30 de noviembre de 1933, de traspaso de competencias, y, en un segundo estadio, con la promulgación de la Ley catalana de 3 de julio de 1934”.

El hecho de que el Estado y las Comunidades Autónomas tengan competencia sobre la misma materia, generó un conflicto que el Tribunal Constitucional intentó resolver en 1991 con la sentencia 17/1991, de 31 de enero.

Fruto de ese exceso competencial por parte de las Comunidades Autónomas, concretamente la Comunidad Autónoma de Madrid, el Tribunal Constitucional tuvo que volver a pronunciarse al respecto y así lo hizo con la sentencia 122/2014, de 17 de julio. Con ella se han vuelto a asentar las bases competenciales sobre la materia objeto de nuestro estudio como veremos a continuación.

La cuestión competencial, tras la famosa sentencia de 1991, no debería plantear mayor problemas siempre y cuando las Comunidades Autónomas respetasen la competencia exclusiva del Estado y se limitasen a legislar sobre el patrimonio histórico situado en su territorio tal y como lo establece el artículo 148.1.16 de la Constitución Española.

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